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Miércoles, 03 Abril 2019 11:28

Colombia impone un modelo de arqueología en el que participará la empresa cazatesoros MACS

  • El Gobierno desdeña el «secuestro» del contenido del galeón ordenado por un tribunal de Barranquilla
Escrito por Radio Televisión Vida

Colombia, extraño paraíso perdido para empresas de cazatesoros. Fracasó en su empeño el expresidente Juan Manuel Santos, no pudo excavar el galeón San José -hundido en 1708 por buques ingleses- con una empresa británica de su elección, con la que su Gobierno iba a repartirse el botín, después de cambiar la ley para que eso fuera legal.

Desde que llegó Iván Duque a la Presidencia el pasado verano, ha puesto en pausa todo el proyecto de Santos, que le parecía «vergonzoso» como candidato, pero no lo ha abandonado. De hecho, su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, aún negocia con la empresa que trabajó durante dos años en secreto con Santos, la ya famosa Maritime Archaeology Consultants Switzerland (MACS), una extraña mezcla de cazatesoros y técnicos de la extracción petrolífica subacuática, tal vez para evitar un pleito.

Anteriores gobiernos, desde Belisario Betancur, en los primeros años ochenta, fueron sensibles a la tentación de extraer el oro de los galeones. Entonces fue otra empresa, norteamericana, llamada Sea Search Armada (SSA), la que puso un contrato en la mesa presidencial y luego se sintió engañada. Lleva pleiteando 30 años contra el Gobierno de Colombia (y por cierto ha ganado en todas las instancias porque su contrato era bastante válido).

 

Pero las viejas tramas las regurgita la Justicia en el mejor momento y por eso, ayer, la noticia fue que un tribunal de Barranquilla ordenó el «secuestro» y el «embargo» de cualquier objeto extraído del galeón en un futuro para defender los intereses de la SSA. La orden conmina al Gobierno a depositar en el Banco Nacional cualquier objeto que sea excavado del pecio. El abogado de SSA, Danilo Davis, se mostraba feliz por la medida en conversación con ABC. Sostiene que MACS obtuvo sin permiso las coordenadas que había logrado SSA, así que Santos habría tratado de disfrazar el hallazgo del San José «lo que ya había sido encontrado por mis representados hace décadas».


El protagonista de ese episodio es el cazatesoros Roger Dooley, que había trabajado para una filial de SSA en el Pacífico (dato que ocultaba en su currículum), y habría tenido acceso a la información de la empresa sobre el galeón, según publicó este diario. Otras fuentes ponen en duda esa versión y opinan que MACS halló el galeón por sus propios medios mientras negociaba con Santos su contrato. Sin embargo, en el Ministerio de Cultura de Colombia se tomaban ayer con ironía el fallo judicial, porque dicen que las coordenadas de SSA no señalan ningún pecio y que por tanto «no hay problema para darles la mitad de lo que haya allí».

 

Los dientes de la sentencia
Danilo Davis afirma que «en 1994 interpusimos la demanda y pedimos el secuestro del galeón para que nadie pudiera acercarse, porque supimos que el gobierno pretendía entonces contratar a otras empresas para el trabajo, usando las coordenadas de SSA». Esa demanda concedió las medidas cautelares solicitadas entonces, y el Gobierno de Colombia, con Samper, abandonó los planes de extracción del pecio. La medida no se ejecutó.

El problema resucitó con Santos. El jefe de los servicios jurídicos del Ministerio de Cultura de Colombia ordenó levantar el embargo del galeón al juez de Barranquilla, dice Davis. Y le convencieron rapidísimo, el 31 de octubre de 2017, a tiempo para firmar el contrato de Santos con MACS. De inmediato Danilo recurrió (tres veces) y demandó al juez por su inacción de 15 meses. Al final el poder judicial le obligó a fallar. Para Davis, es claro que «el juez estaba comprado. Si no no se explica que lo mantuviera tanto tiempo en la gaveta», acusa. Interpuso nuevos recursos, mientras Santos contaba los días antes de dejar la presidencia y poder cerrar el contrato con MACS. Perdió esa batalla, en parte por los arqueólogos y en parte por las denuncias de irregularidades tras una investigación periodística de ABC.

Se fue Santos y vino Duque. El abogado ha logrado su objetivo. Después de una sentencia de 2007 que otorgaba a SSA el 50% de las piezas del galeón si se encuentra en las inmediaciones de aquellas viejas coordenadas (pusieron millas más, millas menos, por seguridad), ahora el auto del embargo y secuestro del galeón es para Davis «como los dientes de la sentencia».

Después de 30 años, Davis ha escrito a la vicepresidenta Ramírez el pasado enero. Quiere convencer al Gobierno de que SSA no será un problema. «Propongo comprobar las coordenadas de manera conjunta, para evitar más malentendidos, o negociar una indemnización si no quieren darnos el 50%. Ya no hay caso». ¿Pero hay dinero? Desde el Gobierno colombiano se dice que en los próximos días se dará respuesta a la petición de SSA de renunciar a los derechos que aseguran tener sobre el Galeón San José, a cambio de una «jugosa indemnización».


«No afecta al trato con MACS»
Según la vicepresidencia, este fallo no afecta al proceso contractual vigente con MACS porque se refiere a una medida procesal antigua y «no hace referencia alguna a la interrupción de las negociaciones que se están desarrollando en estos momentos tendientes a buscar la mejor fórmula jurídica posible para que todos los bienes que se rescaten del Galeón San José permanezcan como propiedad del Estado colombiano para toda la humanidad».

Es el turno de MACS, por tanto. La empresa preferida de Santos, controlada desde el paraíso fiscal de Islas Caimán, iba a repartirse el tesoro con el Gobierno, en los términos que repugnan a todos. Alguna mutación ya se advierte, aunque podría tratarse de un trampantojo. La vicepresidenta Ramírez quiere pactar con MACS una salida que preserve la unidad patrimonial del pecio. No dividirlo, no vender las monedas ni objetos y no pleitear 30 años.

 

MACS, esa ONG
Y MACS está por la labor. La empresa dijo el pasado 19 de marzo en una respuesta a otro tribunal, el de Cundinamarca, que está dispuesta «a analizar diferentes fórmulas legales -disposición que le ha sido notificada al Gobierno Nacional- que permitan mantener la unidad del pecio y la permanencia en Colombia de los objetos que se recuperen del Galeón Sen José. Lo anterior, como siempre lo hemos manifestado, con la intención de adelantar un Proyecto altamente beneficioso para los colombianos y su legado arqueológico y cultural». Es un gran cambio de discurso: ¿no parece el de una ONG?

¿Pero quién pondrá el dinero de la excavación? Ese es el gran misterio que ninguno de los actores llenos de buenas palabras está revelando. Todos negocian, de momento. Menos España,que no ha puesto una alternativa científica sobre la mesa, para que se deje de hablar de tesoro y empiece a valorarse la historia de los 600 marinos muertos en el naufragio. Fuentes de Exteriores dicen que «la decisión del Tribunal de Barranquilla no tiene nada que ver con el tema de las condiciones de adjudicación de la Asociación Público Privada que debe acometer la recuperación del pecio del Galeón San José. Tema sobre el cual el Gobierno español y el Gobierno colombiano mantienen un diálogo continuo y constructivo».

El proyecto de MACS con Santos era una ruina, un modelo predador e insostenible para el patrimonio, que disgregaba el yacimiento y rompía su unidad. Un proyecto arqueológico científico sería mucho más conservador en el gasto y más dilatado en el tiempo. En la fragua de ese nuevo modelo está la vicepresidenta colombiana, a todas luces aliada ya con la Universidad Externado y con un papel destacado de la Armada. De hecho el cuerpo de Marina ya tiene monitarizado el entorno del pecio para su vigilancia constante.

 

Obligar a pactar a España
Por su parte, el abogado español José María Lancho se muestra preocupado en conversación con ABC. Como especialista en patrimonio subacuático, comenta que «en Colombia se han apuntalado, por medio de derecho interno, los supuestos derechos de todos los personajes industriales y nacionales de esta historia de expolio. Un laberinto de tribunales y derecho contradictorio que esconde el verdadero propósito: forzar una solución acordada. Obligar a pactar a España. En juego está la llave jurídica de todos los galeones hispánicos en todo el mundo, pendiendo de que España pueda hacer valer, o no, la inmunidad soberana sobre el galeón en su defensa. En España no se ha encargado un proyecto científico, no se le otorga al Arqua el papel que debería tener y nadie ha exigido que la Unesco se pronuncie en defensa de los principios de su Convención de 2001, entre otros la inmunidad soberana de los buques de guerra historicos».

 

FUENTE: abc.es (03-04-2019)

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